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Poner fin a la ocupación israelí en Palestina incluye el pago de deudas Print E-mail
Written by Por Shir Hever, Alternative Information Center (AIC)   
Thursday, 14 February 2008
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Una casa palestina destruida. Los territorios ocupados de Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza sobreviven a las duras condiciones y las graves limitaciones de movimiento gracias a la ayuda humanitaria desembolsada por la comunidad internacional.

Israel depende de esta ayuda, ya que impide que la población palestina se muera de hambre, y que el régimen de ocupación israelí se concrete completamente y de ese modo se reduce el nivel de presión internacional sobre Israel. Israel olvida, sin embargo, que esta ayuda no borra ni su responsabilidad, ni la deuda con los palestinos. La creciente deuda de Israel para con los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza durante los últimos 40 años de ocupación, se añade a la deuda que sigue acumulándose para con los refugiados expulsados en 1948.

Desde los años 90, los donantes (en particular, los países de la Unión Europea y principalmente la ONU) han estado transfiriendo dinero a los palestinos. Estas donaciones se realizaron con la intención de establecer una infraestructura económica que pudiera sostener un futuro estado palestino. A través de estas medidas, los donantes  esperaban contribuir al fin de la ocupación de 1967 a través de la solución consistente en el establecimiento de dos Estados.

El Estado de Israel, sin embargo, nunca aceptó esta visión y las autoridades israelíes continuaron con su política de ocupación para impedir el desarrollo de una economía palestina viable.

La asistencia internacional se dirigió a la construcción de infraestructura, a la industria y a la promoción del turismo, pero no logró resultados ya que los proyectos de construcción sufrieron restricciones, la materia prima no pudo ser importada libremente y los trabajadores no podían llegar a sus lugares de trabajo. El ejército israelí incluso ha bombardeado varias obras de construcción.

En consecuencia, la ayuda internacional ha facrasado en desarrollar la economía palestina y la segunda Intifada y las crisis posteriores revelan la realidad de la ocupación israelí en toda su aspereza.

Como resultado de este cambio de situación, la ayuda externa desvió rápidamente su propósito. En lugar de fomentar el desarrollo, los fondos se canalizaron hacia la asistencia humanitaria y el suministro de alimentos y medicinas para la población palestina, para evitar una gran crisis humanitaria. Los dirigentes israelíes permitieron la entrada de esta ayuda, ya que así podrían recaudar impuestos de los fondos de la ayuda y obtener ingresos adicionales al comprar las organizaciones humanitarias muchos productos a compañías israelíes. En este negocio, la ayuda externa libera al gobierno israelí de tener que atender el bienestar de los palestinos que están bajo su control.

Brigadier General Yair Golan, Comandante del Ejército Israelí en Cisjordania, dijo en abril de 2007 que, desde el establecimiento de la Autoridad Palestina, las condiciones de vida de los palestinos no han sido una preocupación para los militares. Israel no tiene en cuenta los efectos de sus acciones sobre la realidad económica en el Area A, área que es responsabilidad de la Autoridad Palestina.

Sin embargo, la posición del gobierno israelí contiene una contradicción interna. Por una parte, impide cualquier desarrollo económico en los Territorios Palestinos Ocupados (OPT) por temor a la competencia de las empresas palestinas. Por otro lado, teme una crisis humanitaria que socavaría su legitimidad internacional.

Israel espera que los fondos internacionales continúen llegando a los Territorios Palestinos Ocupados, lo cual le permite seguir evitando su responsabilidad para con la población palestina. Los países europeos, aceptando la posición israelí, continúan enviando financiación.

No obstante, es importante recordar que Europa puede poner fin a su ayuda (ya que esta ayuda es una contribución voluntaria), mientras que el boicot que el propio Israel emplea contra la Autoridad Palestina  no es legal. De conformidad con los Acuerdos de París de 1994, Israel está obligado a transferir a la Autoridad Palestina, los aranceles y los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, en la actualidad alrededor de 60 millones de dólares mensuales. Además, Israel sigue manteniendo su soberanía efectiva en los territorios palestinos y, por tanto, es responsable de la financiación de la infraestructura civil de la zona (otra responsabilidad que se ha descuidado durante los últimos cuarenta años).

Israel espera que la ayuda extranjera continúe siempre y presiona a los donantes para mantenerla, a la vez que impide el desarrollo económico en los TPO y sigue beneficiándose de esta ayuda.

Es cada vez más evidente que el gobierno israelí no tiene ninguna política a largo plazo sobre la manera de lograr una solución a la situación en Israel-Palestina. Dejando pasar el tiempo, se niega a hacer concesión alguna y temeroso de acciones que socaven su legitimidad internacional, mientras mantiene el control sobre los Territorios Ocupados Palestinos e impide a decenas de miles de trabajadores palestinos de ganarse la vida  honestamente.

Entre tanto, las cuestiones que están en el corazón del conflicto -el derecho de retorno de los palestinos, las fronteras definitivas, Jerusalén, los asentamientos y el agua- no se discuten. Como el gobierno israelí se ocupa casi exclusivamente de temas internos, las decisiones relativas a los TPO son tomadas por los soldados en el terreno. El status quo y la relativa calma permiten que el gobierno israelí mantenga sus ojos cerrados, pero es poco probable que las cosas continúen así por más tiempo.

Las entidades donantes de los Territorios Palestinos Ocupados están empezando a hablar de "la eficacia de la ayuda". Se sienten frustrados de que los esfuerzos de cooperación sean saboteados por Israel y no puedan lograr mejoras.

Además, un creciente número de personas están reclamando a Israel que pague los costes de los daños que se causan a los palestinos. El primer paso en esta dirección es el Registro de Daños creado desde la construcción del muro en los TPO por las Naciones Unidas con el fin de documentar y medir los daños causados por el muro de separación. Los palestinos también han comenzado una campaña para exigir una indemnización por las tierras confiscadas. Estas iniciativas se encuentran en sus etapas iniciales, pero a medida que van creciendo traerán legitimidad y apoyo internacional. Tarde o temprano, Israel se enfrentará a una demanda internacional para que asuma la responsabilidad de sus crímenes y pague las compensaciones a los palestinos.

En el peor de los casos, los donantes, cansados y frustrados, retirarán su financiación mientras que Israel seguirá con sus actuales políticas. La dependencia palestina de la ayuda extranjera traerá como consecuencia la continuación de la hambruna en masa.

Los dirigentes israelíes pueden optar por hacer caso omiso de la protesta internacional y negar su responsabilidad sobre la población ocupada, a pesar de las sanciones y de una crisis política interna que probablemente suceda. Si las autoridades israelíes se atienen a sus políticas, hundiendo a Israel en un estado de dictadura y fascismo y silenciando voces disidentes en el interior, esto conducirá a resultados genocidas. Toda una generación de palestinos se verá irreversiblemente dañada y se necesitaran décadas para recuperarse de tal crisis humanitaria.

Por lo tanto, una estrategia de resistencia política debe tratar de evitar este escenario. El apoyo internacional debe movilizarse para hacer que Israel asuma la responsabilidad de sus crímenes y para concientizar a los dirigentes israelíes de que cada agresión contra el pueblo palestino tiene un precio. Los donantes deben insistir en que su ayuda no sustituye a las obligaciones de Israel y que Israel está legalmente obligada a indemnizar a los palestinos por los daños causados, incluso si este daño hubiese sido reparado en parte por los esfuerzos de la ayuda internacional.

La triste realidad es que probablemente Israel no esté en condiciones de cumplir sus obligaciones de la deuda que ha acumulado a lo largo de los últimos 40 años para con los refugiados de 1948 y los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. A pesar de no existir cálculos precisos de los montos, éstos están definitivamente mucho más allá de las capacidades de pago inmediatas de Israel. Es igualmente poco probable que la comunidad internacional (incluso EE.UU.) ofrezca asistencia para el pago de esta deuda, ya que la suma más alta ofrecida a Israel a cambio de poner fin al conflicto fue de 35 mil millones de dólares, sólo una pequeña fracción de la deuda acumulada.

La única manera de lograr el equilibrio adecuado entre la necesidad de indemnizar a los palestinos por los crímenes cometidos contra ellos y la necesidad de evitar una crisis económica en Israel (que también afectaría a la economía palestina) es la creación de un órgano democráticamente elegido que pueda tomar decisiones en relación al monto de las compensaciones y la tasa de pago. Este órgano debe representar tanto a la población palestina como a la isrealí.


 
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