La elección de Uribe para la investigación de la flotilla garantiza su fracaso
Lunes 06 de Septiembre de 2010 10:34
A principios de agosto, el gobierno israelí anunció que cooperaría con una de las dos comisiones de investigación internacionales designadas por la ONU para estudiar la masacre de la Flotilla de la Libertad de Gaza perpetrada el 31 de mayo, una medida que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha considerado “sin precedentes”. Sin embargo, los detalles de esta comisión, y las personas que la integrarán –en especial, el tristemente célebre presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez–, arrojan dudas sobre su imparcialidad.
La comisión está compuesta por cuatro personas: una elegida por Turquía, una elegida por Israel, y dos elegidas de una lista proporcionada por Israel. Estas dos últimas personas serán el Primer Ministro de Nueva Zelanda, Geoffrey Palmer, que presidirá la comisión, y Uribe, que actuará como vicepresidente. Si bien Palmer, experto en derecho internacional, es una elección libre de polémica, la designación de Uribe es sumamente desconcertante. Al parecer, el “equilibrio” en esta comisión significa un equilibrio entre alguien versado en derecho internacional y derechos humanos, y alguien que se opone firmemente a estos. Esta noción de equilibrio debilita fatalmente a esta comisión, incluso antes de que comience su trabajo, a la vez que empaña el proceso de la justicia internacional.
Uribe es un presidente controvertido, cuyo régimen se ha visto envuelto en graves abusos a los derechos humanos; en vigilancias ilegales y acoso a defensores de los derechos humanos por parte de su servicio de inteligencia (DAS); en violaciones al derecho internacional (como los bombardeos en territorio ecuatoriano); en casos de corrupción; en crímenes contra la humanidad, y en excesos por parte del ejército en su guerra contrainsurgente subvencionada por Estados Unidos.
El desdén de Uribe hacia los defensores de los derechos humanos es bien conocido. Según la organización Human Rights First, “el Presidente Uribe y otros funcionarios de la administración pública han tachado [a los defensores de los derechos humanos] de simpatizantes de los terroristas y han insinuado que existen conexiones ilícitas entre algunas ONG de derechos humanos y grupos armados ilegales. Los irresponsables comentarios de los funcionarios del gobierno colombiano ponen las vidas de los defensores de los derechos humanos en un riesgo aún mayor, y amenazan con socavar el valor y la credibilidad de su trabajo” ("Human Rights Defencers in Colombia").
En septiembre de 2009, Colombia recibió la visita de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sekaggya se encontró con que los problemas constantes que sufren los defensores de los derechos humanos en Colombia incluyen “su estigmatización [de los defensores de los derechos humanos] por parte de funcionarios del Estado y actores no estatales de que son objeto; la vigilancia ilegal por parte de los servicios de inteligencia del Estado; las detenciones arbitrarias y el acoso judicial, y las incursiones en sedes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y el robo de información.” ("Report of the Special Rapporteur ...," 4 de marzo de 2010, pp. 13-18 [PDF]).
Los funcionarios públicos de Colombia atacan constantemente a los defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política y social, a los que tilda de ayudantes de los “terroristas”, es decir, de las guerrillas de izquierda.
Uribe ha liderados estos ataques, llamando a los defensores de derechos humanos “turba alquilada al servicio de los terroristas, que se escuda cobardemente en la bandera de los derechos humanos”, “traficantes de derechos humanos”, “charlatanes de los derechos humanos”, “colegas de los bandidos [es decir, de los guerrilleros]”, “bloque intelectual de las FARC [las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]”, además de afirmar que “cada vez que los terroristas sienten que van ser derrotados, recurren a la denuncia de las violaciones de derechos humanos.”
Uribe se ha referido en términos especialmente duros tanto a Amnistía Internacional como a Human Rights Watch: "Amnistía Internacional no condena las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y legitima el terrorismo.[...] Recorren las oficinas europeas como ratones de biblioteca, transmitiendo chismes en voz baja, desacreditando las instituciones colombianas.” De José Miguel Vivanco, director de la sección americana de Human Rights Watch, ha dicho lo siguiente: “Antes de que el señor Vivanco, cómplice de las Farc, viniera aquí a criticar la política de seguridad democrática, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por sacar este país adelante. […] A mí no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos”. ("Defensores de derechos humanos: bajo el estigma del presidente Uribe," Agencia de prensa (IPC), 23 de octubre de 2009).
Esto es solo un breve repaso a los sistemáticos ataques de Uribe contra los defensores de los derechos humanos. En junio de 2010, una misión internacional de derechos humanos investigó la mayor fosa común del hemisferio occidental –a la que se han arrojado cerca de 2.000 víctimas de ejecuciones desde 2004–, recién descubierta en la ciudad colombiana de La Macarena. Al mismo tiempo, Uribe viajaba a esa misma ciudad, pero no para transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas, o para garantizar que una investigación determinará lo ocurrido allí. En vez de eso, Uribe visitó la base militar local –donde están justo las personas que, según declaraciones de las víctimas, se encargaron de arrojar a la fosa común su macabro contenido– con el fin de alabar su trabajo.
Para tal ocasión, Uribe tuvo estas palabras: “Ahora el terrorismo –y ojalá esto lo sepa el país– quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy el terrorismo, a través de voceros, está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria final. El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos. No podemos caer en las trampas del terrorismo. ¡Firmeza!” ("Voceros del terrorismo estan proponiendo la paz para poderse recuperar: Uribe," El Espectador, 25 de junio de 2010).
Es difícil de creer que, a pesar del atroz historial de Uribe en materia de derechos humanos, haya sido elegido para integrar una comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. Más allá del propio Uribe, se debería recelar de cualquier representante del estado colombiano a la hora de investigar violaciones de los derechos humanos, ya que los violadores de los derechos humanos oficiales y “extraoficiales” consentidos por el Estado actúan con impunidad; el 98% de tales casos no pasan por los tribunales (Baseless Prosecutions of Human Rights Defenders in Colombia," febrero de 2009).
La credibilidad también se resiente ante la idea de que Colombia, el mayor receptor de “ayuda” militar estadounidense después de Israel y Egipto, y un país que el pasado año ha consentido la instalación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en su territorio, pueda ser imparcial en relación a Israel. El gobierno israelí y el colombiano comparten el mismo enfoque ideológico en lo que respecta a sus oponentes, un enfoque basado en la convicción de que respetar los derechos humanos no es una cuestión relevante a la hora de perseguir sus objetivos militares contra grupos rebeldes. No es sorprendente que exista también una cooperación militar a gran escala entre los dos Estados canallas.
Según informes periodísticos, durante los últimos años Israel se ha convertido en el primer proveedor de armamento de Colombia, lo cual comprende armas valoradas en decenas de millones de dólares, “incluidos los aviones Kfir, drones, armas y sistemas inteligentes” usados contra los oponentes al régimen colombiano ("Report: Israelis fighting guerillas in Colombia," Ynet, 10 de agosto de 2007). De acuerdo con un alto mando del ejército israelí, “en Colombia se han duplicado los métodos de Israel para la lucha contra el terror” ("Colombia's FM: We share your resilience," 30 de abril de 2010).
Hay un motivo que lleva a los latinoamericanos a referirse con frecuencia a Colombia como el “Israel de América Latina”, y, sin duda, a Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia, ex ministro de defensa y mano derecha de Uribe, a expresar su orgullo por tal comparación ("Santos, orgulloso de que a Colombia lo comparen con Israel," El Espectador, 6 de junio de 2010).
La parcialidad del gobierno colombiano a favor de Israel favor quedó patente en abril de 2010, durante la visita a Israel del Ministro de Relaciones Exteriores colombiano Jaime Bermúdez. El periódico The Jerusalem Post informó sobre el “deseo [de Bermúdez] de fortalecer la relación militar de Colombia con Israel”, así como de la “necesidad de ampliar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo”. El ministro se mostró seguro a la hora de vaticinar que “quienquiera que gane las elecciones presidenciales [de Colombia] el próximo mes, dará su apoyo [a Israel]. Admiro a su pueblo. Admiro a su país y les admiro a ustedes. Tienen muchos amigos en Colombia” ("Colombia's FM: We share your resilience").
La admiración es mutua, y Uribe asume su papel de investigador imparcial bajo el peso de las distinciones impuestas por diversas organizaciones sionistas. Entre estas figura el premio “Luz entre las Naciones” (“Light unto the Nations”), del Comité Judío Estadounidense (American Jewish Committee), y, descendiendo aún más en el doble discurso orwelliano, el “Medallón de Oro Presidencial al Humanitarismo” (“Presidential Gold Medallion for Humanitarianism”), de la organización B'nai Brith.
Si bien el gobierno colombiano y Uribe tienen derecho a elegir a sus amigos, esto, cuanto menos, es muestra de que no se habrá ningún tipo de objetividad por parte de Uribe como miembro de la comisión.
Parece que Israel sólo accedió a cooperar con esta investigación de la ONU en particular porque existen muy pocas probabilidades de que la respectiva comisión adopte una postura independiente y emita un veredicto imparcial para el brutal ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad de Gaza. Evidentemente, Israel ha rehusado cooperar con la otra comisión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar el ataque. Hay motivos para sostener que la cooperación de Colombia e Israel en este asunto es un paso más en pos de “ampliar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo” (parafraseando las declaraciones de Bermúdez en Israel).
En realidad, esto significa atacar a los defensores de los derechos humanos y a los trabajadores humanitarios, y seguir socavando el derecho internacional y el respeto por los derechos humanos. Participar en un encubrimiento del asesinato ilegal y brutal de los activistas de derechos humanos, y tacharlos de “terroristas disfrazados”, será útil para los objetivos de ambos países en su batalla contra los defensores de los derechos humanos y las “comunidades enemigas” en sus respectivos países.
Estamos ante una comisión díscola y carente de credibilidad, que sólo servirá para demostrar la influencia de Estados Unidos e Israel sobre la oficina de Ban Ki-moon. Esta comisión defraudará a todo aquel que espere una investigación neutral e imparcial, que revele la verdad de la masacre del 31 de mayo. Esta comisión, además, contribuirá a seguir minando la ya mermada credibilidad de la ONU, y servirá para convertir el derecho internacional y los derechos humanos en un juego practicado por los violadores de tales legislaciones.
*José Antonio Gutiérrez y David Landy son activistas radicados en Israel, que colaboran, respectivamente, con el Centro de Solidaridad con Latinoamérica y Ireland Palestine Solidarity Campaign (Campaña de Solidaridad Irlanda-Palestina). José Antonio Gutiérrez escribe asiduamente sobre Colombia en el sitio web www.anarkismo.net.
Pulicado originalmente por Electronic Intifada y traducido al castellano por M. L. Borges para el Centro de Información Alternativa (AIC) en Jerusalén.
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