Informe sobre la Problemática Habitacional
Viernes 13 de Enero de 2012 10:05
Luz Welles para el Centro de Información Alternativa
El Estado ha reducido drásticamente su responsabilidad en la provisión de vivienda digna para sus ciudadanos y residentes. La privatización de la provisión de vivienda junto a importantes recortes en el presupuesto de asistencia para la misma y una falta de protección para inquilinos y prestatarios, se han traducido en una situación en la que cada vez menos ciudadanos y residentes israelíes pueden gozar del derecho básico de vivienda.
En los últimos años el gobierno redujo radicalmente el presupuesto de vivienda. De acuerdo con cifras de la Asociación para la Justicia Distributiva, el Ministerio de Construcción y Vivienda dentro del presupuesto estatal se redujo de un 4.5% en 1999 a sólo un 1.6% en 2008, reduciéndose en un 56%.
Un hombre sin hogar duerme fuera del centro social Beit Haam (casa del pueblo) en la avenida Rothschild, Tel Aviv, Israel, 28 de octubre, 2011. Luego del desalojo de las carpas de protesta en TelAviv, muchas personas sin hogar se quedaron sin solución para su falta de vivienda. Foto: Oren Ziv/Activestills
El Informe "The Sate of Human Rights in Israel and the Occupied Palestinian Territories" publicado en diciembre de 2011 por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) explica que la combinación de una reducción significativa de la participación estatal en el mercado de la vivienda junto a un fuerte aumento en los precios de la vivienda ha llevado a una situación en la que los precios de la vivienda exceden actualmente las posibilidades de grandes segmentos de la población. Lo que es aún peor, los principales afectados son las familias con ingresos medios y bajos, quienes representan la mayor parte de los inquilinos de departamentos.
La ausencia de mecanismos de regulación para el mercado de alquiler expone a los inquilinos a fuertes y drásticas subidas de precios de alquileres. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Instituto de Reformas Estructurales, el 20% de los hogares israelíes gasta más del 50% de sus ingresos disponibles en alquiler.
En agosto de 2011, el Parlamento israelí aprobó la Ley de Comités Nacionales de Vivienda ordenando la convocatoria de comités encargados de la aprobación rápida de los planes generales de vivienda. Sin embargo, el parlamente excluyó la obligación legal para la creación de un programa de disposiciones de vivienda asequible, incluyendo precios fijos de vivienda y determinaciones con respecto a quién tiene derecho a dichas viviendas. Por lo tanto, como señala ACRI, la Ley de Comisiones Nacionales de Vivienda significa en la práctica la transformación de reservas de tierra ubicada en el corazón del país en barrios homogéneos poblados exclusivamente por los sectores más ricos. En lugar de reducir las brechas, la polarización actual simplemente se incrementará y empeorará.
Las tendencias anteriores provocan fenómenos sociales perjudiciales. Una familia que gasta más del 30% de sus ingresos en vivienda lo hace a expensas de otras necesidades básicas como alimentos, salud y educación. Además, la ausencia de una política de integración social en los barrios residenciales crea aislamiento geográfico donde ya existe polarización, creando división física entre las poblaciones ricas y las de más escasos recursos. Resultados de esa separación son el aumento de las brechas sociales, de tal manera que al mismo tiempo que algunas ciudades y barrios sufren de asignación insuficiente de recursos y servicios, otros ubicados en las regiones más acomodadas reciben una asignación excesiva de los recursos.
Comunidades árabes
Los problemas de vivienda alcanzan a todos los ciudadanos y residentes de Israel, pero la escasez de vivienda que sufre la comunidad árabe es aún más crítica, y es una consecuencia directa de la discriminación de larga data en la tenencia de tierra, planificación y asignación de viviendas.
En la actualidad, el área de jurisdicción de las autoridades locales árabes asciende a menos de 2.5% del Estado. Como indica ACRI, a pesar del rápido crecimiento de la población árabe -multiplicada 7 veces desde 1948- las reservas de tierra de esta población se han reducido en aproximadamente la mitad desde la fundación del Estado. El Estado no promueve una adecuada planificación de las comunidades árabes, y para la mayoría de éstas no hay actualmente esbozo de plan actualizado para permitir la construcción de viviendas de acuerdo con las necesidades de la población. El proceso de elaboración y aprobación de dichos planes para las ciudades árabes se ha extendido y demorado a lo largo de muchos años.
El informe de ACRI resalta que la falta de programas gubernamentales que puedan satisfacer las necesidades de vivienda de la población árabe reduce en gran medida las opciones de vivienda disponibles para dicha población. Estas necesidades incluyen la creación de nuevos barrios, nueva construcción pública adecuada, y otros programas similares de asistencia, tales como los que disfrutan los ciudadanos judíos. No hay ciudadanos árabes en los organismos de toma de decisiones de tierra y planeamiento, sobretodo en el Consejo de Tierras de Israel. Debido a la ausencia de representantes árabes, no hay garantía de que los intereses y necesidades de las poblaciones y ciudadanos árabes sean debidamente tenidos en cuenta.
Demolición de viviendas en Sur Baher, un barrio palestino de Jerusalén Este, 14 de marzo de 2007. Foto: Keren Manor/Activestills
Jerusalén Este
En el caso concreto de Jerusalén Este, las poblaciones árabes sufren de una constante discriminación en la planificación, construcción y expropiación de tierras. B´Tselem indica que mientras que la construcción extensiva y la asignación de un enorme presupuesto han sido la regla para los barrios judíos, el gobierno ha sofocado el desarrollo y construcción para la población palestina. De las 70.500 dunams anexadas por Israel en junio de 1967 de Jerusalén Este y Cisjordania, 24.000 dunams, es decir un tercio de la tierra anexada, ha sido expropiada para la construcción de viviendas residenciales para judíos.
En la década de 1980, la Municipalidad de Jerusalén comenzó a preparar planes generales de construcción de vivienda para todos los barrios palestinos. La mayoría de los planes están completos, y otros están en el proceso de planificación y aprobación. La característica más sobresaliente de estos esquemas es la gran cantidad (alrededor del 40%) de la zona que está designado como "zonas de paisaje abierto", en el que la construcción está prohibida. En los planes que fueron aprobados antes de finales de 1999, sólo unas 5.100 dunams (que constituyen el 11% de la tierra en Jerusalén Este) estaban disponibles para la construcción de la población palestina.
B´Tselem indica que a finales de 2002, la densidad de viviendas en los barrios árabes era casi el doble que la de los barrios judíos: 11.9m2 por persona en barrios árabes en comparación con 23.8m2 por persona en barrios judíos. La situación actual ha obligado a muchos palestinos a construir sus viviendas sin obtener primero el permiso de construcción.
Según datos del Informe "No Home, No Homeland" de septiembre 2011 del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas (ICAHD) para el año 2007, y desde el inicio de la segunda Intifada, por cada edificio construido con un permiso había 10 edificios más construidos sin autorización. Actualmente, hay por lo menos 15.000 y hasta 20.000 edificios sin autorización en el sector palestino de Jerusalén Este.
A su vez, ICAHD señala que la aplicación de las leyes de construcción y planificación, incluida la demolición y la imposición de multas, se ejecuta de manera discriminatoria. Por ejemplo, los residentes palestinos son responsables del 20% de las infracciones de construcción en la ciudad pero más del 70% de las demoliciones en Jerusalén se ejecutan contra viviendas palestinas. Además, experimentan proporcionalmente más desalojos y pagan una cantidad proporcionalmente más elevada de multas por infracciones a la construcción a la Municipalidad de Jerusalén y el Ministerio del Interior.
El informe indica que dos fenómenos afectan especialmente a la población de Jerusalén Este: la auto-demolición y los desalojos forzados por orden judicial. En muchos casos, los palestinos cuyas casas han recibido órdenes de demolición prefieren llevar a cabo la demolición ellos mismos para evitarse el peso psicológico de la espera indefinida del día de la demolición y la experiencia de presenciar la demolición de su propia casa. Durante los últimos años ha habido más de 200 desalojos forzosos de palestinos de varios barrios de Jerusalén Este. Esto genera un aumento de la demanda de vivienda, de la motivación para construir de manera ilegal, e indirectamente el número de demoliciones, causando un mayor desplazamiento de la población palestina de Jerusalén Este.
La policía fronteriza intenta liberar la zona de los residentes del barrios y quienes los apoyan. Demolición de viviendas en Sur Baher, barrio palestino de Jerusalén Este, 14 de marzo de 2007. Foto: KerenManor / Activestills.
Según datos de B´Tselem, desde 2004 y hasta octubre de 2011, fueron demolidas un total de 392 viviendas en Jerusalén Este, dejando sin hogar a 1.546 personas, de las cuales 842 son niños.
Demolición de Viviendas en Jerusalén Este, 2004-2011,
Fuente: B'Tselem, actualizado al 31 octubre 2011
| Año | Viviendas | Personas que quedaron sin vivienda | Menores que quedaron sin vivienda |
| 2004 | 53 | 194 | 110 |
| 2005 | 70 | 140 | 78 |
| 2006 | 44 | 98 | 18 |
| 2007 | 62 | 219 | 149 |
| 2008 | 78 | 340 | 188 |
| 2009 | 47 | 256 | 145 |
| 2010* | 22 | 191 | 94 |
| 2011** | 16 | 108 | 60 |
| Total | 392 | 1546 | 842 |
* 1 de las casas fue demolida por la Municipalidad. Un adicional de 7 casas fueron demolidas por sus propietarios después de recibir una orden de demolición, para evitar ser acusados por el municipio con los costos de demolición y multas.
** 14 de las casas fueron demolidas por la Municipalidad. Dos casas fueron demolidas por sus propietarios después de recibir una orden de demolición, para evitar ser acusados por el municipio con los costos de demolición y multas.
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén.
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