La planta está construida en Área C, es decir, en una zona bajo control civil y militar de Israel. La construcción empezó en 2009, sin permiso de Israel, aunque la tierra es propiedad de las familias palestinas.
Ignacio, cooperante español en la zona, nos explicó las razones por las cuales decidieron construir concretamente en este lugar: "El derecho internacional humanitario defiende que las personas en territorio ocupado deben tener acceso a los servicios mínimos. Además, en el Área C se encuentran las poblaciones más vulnerables y con un índice de pobreza más elevado; hasta hace poco no tenían colegio ni servicio médico. Por otro lado, si no construyéramos en Área C estaríamos contribuyendo con la limpieza étnica".
Mneizel es una población rodeada por asentamientos y con una vida muy precaria. Se estima que cada persona consume 21 litros de agua diarios frente a los 130 litros que se consume en los asentamientos vecinos.
La planta se gestiona de forma comunitaria. El pueblo se divide en cuatro grupos compuestos por 10 familias. En cada grupo hay una persona encargada de pagar el servicio eléctrico que cada familia consume dentro de sus posibilidades. Además de suministrar corriente eléctrica a las familias, también abastece al colegio, la clínica (que funciona dos veces por semana) y a algunos pequeños comercios.
Los beneficios del proyecto han sido varios: aparte de mejorar las condiciones de vida de la población, se han reforzado los lazos familiares ya que con la electricidad, los trabajos domésticos consumen menos tiempo y las madres pueden pasar más horas con sus hijos.
La demolición se debería haber llevado a cabo el día 18 de octubre, una semana después de recibir la orden aunque finalmente se ha conseguido aumentar el plazo de demolición ya que la abogada de Rabinos por los Derechos Humanos ha presentado objeciones a la justicia israelí. Por otro lado, el consulado español en Jerusalén también está haciendo gestiones diplomáticas para conseguir la congelación de la demolición.
Si finalmente se lleva a cabo la demolición, el pueblo volverá a quedarse sin suministro eléctrico y solamente podrán disfrutar de este servicio las personas que puedan permitirse un generador. Esto quiere decir que 300 personas se quedarán sin luz ni energía eléctrica. Algunos pequeños comercios también tendrán que cerrar y, por la noche, los niños no podrán estudiar ni las mujeres trabajar en la producción de quesos. Finalmente, la clínica y el colegio también tendrán que cerrar. Esto quiere decir que tendrán que desplazarse a otras poblaciones para recibir atención médica, lejos de sus casas y bajo control israelí.
Aún no se sabe qué pasará. Hay tres opciones: se congela la demolición, se realiza una demolición parcial o se demuele totalmente.
